En México, en 2014 el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó que por todos los medios de comunicación, debería existir un órgano encargado de atender todas las quejas y demandas que la población interponía, de acuerdo con la programación que se transmitiera en radio y televisión, por ello se creó la Defensoría de las Audiencias. Este órgano se suponía que debería ser autónomo para que las propias cadenas de telecomunicaciones no tuvieran injerencia sobre las acusaciones que las audiencias realizaban; sin embargo, este tan útil organismo, pronto se vio rebasado por varias situaciones:
- Eran tantas las quejas que llegaban sobre contenidos en radio y televisión y eran muy pocas personas las que podían atender los casos.
- La imparcialidad de los participantes a veces era dudosa, debido a que no existía alguien que los auditara en las resoluciones que dictaminaban.
- ¿Realmente era un organismo funcional o sólo exhortaba a los medios a no seguir con algunos actos?
- ¿Los medios de comunicación realmente hacían caso de las sugerencias que hacía este organismo?
En 2017, con la Reforma en Telecomunicaciones que se aprobó en el Senado, se votó que ahora cada grupo radiofónico debería tener su propio defensor de las audiencias. Esta persona debería de cumplir con las características siguientes:
- Ser una personaje reconocido en los medios de comunicación
- No tener vínculo directo con el grupo radiofónico
De esta forma los Senadores pensaron que podrían ayudar a distribuir el trabajo que anteriormente estaban realizando muy pocas personas. Sin embargo, no contaban con que los grupos radiofónicos anteriormente tenían que declarar cuántos espacios estaban dedicados para publicidad y cuantos para programación normal.
En este caso con el nuevo ‘Defensor de las audiencias’ cada grupo radiofónico ya no tendría que hacer más estas declaraciones, por lo que algunos políticos como Alejandra Barrales estuvieron en contra de esta modificación, debido a que ahora podría haber entrevistas al aire pagadas y pequeñas menciones las cuales no serían contadas como publicidad. Esto afectaría seriamente en épocas electorales, porque los ingresos del grupo radiofónico se podrían ver modificados y además se podrían transmitir contenidos propagandísticos sin ser reportados como ingresos de publicidad.
Las modificaciones que en ese momento fueron aprobadas por el Senado dejan la función de control de contenidos a las propias concesionarias, en lugar de establecer la Defensoría de las Audiencias bajo el control del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Sin duda alguna este tema de la defensoría de las audiencias que vela por los contenidos de los radioescuchas, tiene que ser normado de mejor forma, de lo contrario, a través del escudo de la libertad de expresión se pueden seguir transmitiendo los mensajes que sean, sin que realmente pase mucho, más que una exhortación hacia la radiodifusora.
