Opinión
¿Realmente los nuevos lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias de radio y televisión son una forma de ‘censura’ por parte del Gobierno, tal como lo están planteando algunos medios?
Hace algunos días en radioNOTAS te dimos a conocer el proceso de consulta pública que inició la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en México, mediante el cual las personas pueden opinar sobre los lineamientos que buscan establecer mecanismos para que las audiencias alcen la voz cuando consideren que se han difundido contenidos engañosos o falsos en los medios de comunicación.
Para empezar, es importante mencionar que los derechos de las audiencias existen desde 2013, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Lo que hoy está sobre la mesa no es su creación, sino la forma en que podrán ejercerse. En medio de un clima político cada vez más polarizado, el debate rápidamente se ha trasladado hacia otro terreno: el de la supuesta censura.
Aquí vale la pena hacerse una pregunta incómoda: ¿por qué asumimos que pedir cuentas a un medio es censura, pero no pensamos lo mismo cuando se le exige cuentas a un gobierno, una empresa o una universidad?
En los últimos días hemos escuchado a algunos comunicadores y medios asegurar que estos lineamientos representan el inicio de una «dictadura» en México. Pero vale la pena detenernos un momento y preguntarnos si realmente estamos frente a un escenario así o si el debate se ha llenado de calificativos que terminan por desviar la conversación.
Una dictadura no abre consultas públicas, no invita a la ciudadanía a opinar ni establece mecanismos para escuchar distintas posturas. Una dictadura simplemente impone, apaga micrófonos y silencia a quien le incomoda. Eso no significa que los nuevos lineamientos estén libres de riesgos o que no deban analizarse con lupa; significa, simplemente, que llamar «dictadura» a cualquier regulación puede terminar vaciando de significado una palabra que históricamente ha descrito realidades graves.
La verdadera prueba para estos lineamientos será distinguir cuándo una opinión forma parte de la libertad editorial y cuándo una afirmación presentada como un hecho puede ser cuestionada por la audiencia. Esa línea no siempre será sencilla de trazar, pero precisamente por eso vale la pena discutirla.
Nos encontramos en un contexto en el que la información circula a una velocidad nunca antes vista, por lo que la gente merece una radio y una televisión confiables, capaces de informar con responsabilidad, independientemente de los intereses políticos, económicos o ideológicos que puedan existir alrededor de cualquier medio.
Los medios no sólo tienen la obligación de informar con rigor, sino también de responder ante su audiencia cuando ésta considere que un contenido difundido fue falso o tendencioso. Precisamente para eso existen mecanismos de revisión y procedimientos que permitan analizar cada caso, no para condenar automáticamente a quien comunica.
Es entendible que algunos radiodifusores y personas en general manifiesten preocupación. Cuando conceptos como ‘información veraz’ o ‘desinformación’ no están perfectamente delimitados, siempre existe el riesgo de interpretaciones que terminen afectando la libertad editorial. Ese riesgo debe discutirse y vigilarse. Pero también vale la pena preguntarnos: ¿hasta qué punto el debate se ha centrado únicamente en los derechos de los medios y no en los derechos de quienes consumen sus contenidos?
Quizá la discusión no debería centrarse en si las audiencias deben tener derechos, porque esos ya existen, sino en cómo garantizar que esos derechos convivan con la libertad editorial. Al final, una industria fuerte necesita ambas cosas.
