Recomiendan especialmente eliminar tarifas en radio y televisión.
Como parte de una acción de renovación en los medios de comunicación y telefonía celular en nuestro país, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomendó al Gobierno de México seguir con la promoción de la competencia, fomentar las inversiones, mejorar la gestión de espectro y, sobre todo, eliminar el impuesto especial que se cobra a los servicios de telecomunicaciones.
La anterior se dijo en el marco de la presentación del segundo estudio elaborado por la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Durante la sesión, el organismo recomendó abrir al cien por ciento la inversión extranjera en radio y televisión y que se revise la entrada de Teléfonos de México (Telmex) al mercado de televisión restringida, además de señalar que Televisa debe cumplir sus obligaciones como agente económico preponderante y generarse más competencia. Sugirió también la posibilidad de que se someta al gigante de la comunicación a una separación funcional de activos.
Resulta aún prematuro evaluar el éxito o fracaso de las actuales medidas de preponderancia para el sector radiodifusión. No obstante si la evolución del mercado y las nuevas medidas no aumentan la competencia conforme avanza el tiempo, entonces se debería llevar a cabo una investigación y un proceso de consulta para valorar como último recurso la separación funcional y estructural de Televisa, señalaron durante el encuentro.
Apuntaron que la separación podría ser en cualquier punto: El mercado de programación, el de producción contenidos y derechos de exclusividad, así como en la transmisión, propiedad de espectro, ventas publicitarias, para mencionar algunas.
Por su parte, y en medio de una gran polémica debido a las actuaciones del órgano que preside y por su cada vez más cercana salida del mismo, Gabriel Contreras, Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dijo que existen claras limitaciones en la Ley para que Telmex entre a ese negocio con miras a que exista más convergencia en el país, y acotó que sería hasta que la empresa cumpla con la separación funcional de activos que se haría alguna evaluación y para ello podrían transcurrir al menos dos años.
Con información de La Jornada.