Erick Huerta, integrante del Consejo Consultivo del Instituto, asegura que los 85,000 pesos que brindarán para la mejoría de sus transmisiones a cada una de las 15 estaciones comunitarias e indígenas del país no son suficientes y se requiere de la cooperación de otras dependencias y organismos gubernamentales que cuentan con la capacidad de contribuir.
El objetivo de dicho comentario es crear conciencia sobre el respaldo que la radio social requiere en estos momentos tan importantes para la libertad de expresión y el libre periodismo.
Desde el pasado miércoles, el IFT informó que destinará el equivalente al 1% del presupuesto anual de su área de comunicación y publicidad a aquellos operadores de radio indígena, social y comunitaria que hayan acreditado el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos en el Artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que impide a estas estaciones comercializar sus tiempos aire con fines comerciales, pero que también obliga a todas las dependencias federales a apoyar la sustentabilidad financiera de dichas emisoras.
Esto ahora puede parecer simbólico, pero sienta un precedente de que ninguna dependencia se debe desentender de la ley. Todas las secretarías del Gobierno Federal están obligadas a destinar ese 1% de su presupuesto para la sustentabilidad de esas estaciones, aseguró Huerta.
Entre las dependencias gubernamentales más destacas con posibilidades de donar el 1% de su presupuesto, están la Secretaria de Educación que dirige Aurelio Nuño Mayer, con un presupuesto de 267 millones 655 mil pesos; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con 84 millones, 627 mil pesos; la Secretaria de Salud con 121, millones 817 mil pesos, y la Secretaria de Desarrollo Social con 121 millones, 817 mil pesos, además de otras instituciones con menor presupuesto como las Cámaras de Senadores y Diputados.
Con información de El Economista.
