RADIO NOTAS.-El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) cerró cuatro emisoras de radio que operaban sin autorización legal en Santiago, Jánico, San José de Las Matas y Licey, con lo que se eleva a once el número de estaciones clausuradas y cuyos equipos se incautan en la región del Cibao.
Los inspectores de la institución, acompañados de miembros del Ministerio Público, intervinieron y clausuraron las emisoras 93.5 FM, propiedad de Rafael Vaudelio Espinal, ubicada en la avenida Las Carreras esquina San Luis de Santiago y la 102.9 FM (La Janiquera), de Jánico, informó el Indotel en un comunicado. También, la 90.7 FM (Jesús y María), de la calle Ramón Domingo Suárez de San José de Las Matas, y la 85.5 FM (Liceydiana), que operaba en la carretera Duarte número 81, en el segundo nivel del edificio Yordi Comercial, del municipio de Licey.
El supervisor general de la Unidad de seguridad del Indotel, Wendy Joaquín Arias Vásquez, coronel paracaidista de la Fuerza Aérea, informó de que en el operativo en el que participó, además, un equipo de ingenieros de la Gerencia Técnica, del departamento de Inspección y representantes del ministerio público, se incautaron equipos de transmisión y cientos de pies de cable.
Asimismo, se requisaron radios de enlace, consolas, excitadores, micrófonos, compresor de audio, amplificadores, antena penetradora y pies de línea transmisora.
Por su parte, el presidente del órgano regulador, José Del Castillo, anunció que cerrará las 70 estaciones identificadas que operan ilegalmente en distintas zonas del país, «sin importar quienes sean sus propietarios».
Dijo que la operación de estas emisoras «afecta a la transmisión de aquellas que cumplen con la regulación, que tienen su concesión, que pagan sus impuestos, mientras las ilegales depredan el mercado de lo que implica la informalidad en término comercial.»
El Indotel tiene la responsabilidad de «hacer cumplir la ley. Si hacemos de la vista gorda o no garantizamos su cumplimiento, comprometemos parte del buen nombre o de la valoración de una gestión y, además, hay una responsabilidad personal en términos penales y patrimoniales del funcionario público», enfatizó.
Del Castillo lamentó que el proceso sea «lento y dificultoso, ya que se requiere autorización judicial para incautar los equipos en cada caso.»
Precisó que «en cada jurisdicción tenemos que coordinar con el Ministerio Publico para que un juez emita una orden de incautación. Eso no nos ha hecho desmayar, en octubre comenzamos las diligencias procesales y ya en noviembre es que estamos en condiciones de cerrar cinco emisoras en Bonao, hicimos esta primera abatida», señaló.
Indicó que en Santiago «hay una situación muy difícil» porque «estos ilícitos proliferan donde hay más negocios, en los centros urbanos y poblados.»
«Nosotros no vamos a desmayar hasta que logremos el cierre de la mayor cantidad de emisoras, hasta que se envíe el mensaje claro de que el Indotel merece respeto de los usuarios, de los operadores, hasta que se entienda que las concesiones que otorga la ley hay que respetarla», apuntó.
El uso del espectro radioeléctrico se otorga en virtud de un permiso, de una concesión del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones «y que aquí no importa que sea diputado, senador o gobernador», dijo.
«Ningún político de este país me puede pedir a mí que yo viole la ley y que entre en un contubernio para beneficiarlo en una explotación de una emisora de manera ilegal, yo no lo voy hacer», subrayó el presidente del Indotel.
Además, informó de que se reunió con el presidente la Comisión Federal de Comunicación de los Estados Unidos, con quien firmará un acuerdo de colaboración que permitirá contar con la experiencia de esta institución para aplicarla en la persecución de las emisoras ilegales.
