El aplazamiento se utilizará para evaluar los puntos que levantaron polémica entre diversos miembros de la industria radiofónica y distintas instancias del propio Gobierno, quienes acusaron al IFT de exceder sus facultades en materia de regulación de audiencias.
El martes 31 de enero se presentaron dos controversias en contra de los lineamientos en la Cámara de Diputados, una desde la Presidencia de la República y la segunda por parte del Senado de la República. Básicamente, la argumentación es que estas medidas violan el derecho a la información del público y crear un clima propicio para la censura.
En caso de que las controversias continúen su curso, el resultado final sería el replanteamiento de estas medidas, buscando que sus definiciones sean muchas más clara y no haya ningún indicio de intenciones para coartar la libertad de expresión de los medios de comunicación.
Las aguas no parecen calmarse en este conflicto, y ahora más que nunca la industria radiofonica y televisiva debe mantenerse al pendiente de los posibles caminos que vaya a tomar la discusión. Sobre todo, si tomamos en cuenta que fueron lineamientos aprobados por instituciones que ahora se declaran en contra de ellos.
