Según dicha columna, tanto organizaciones civiles como internacionales realizaron en este poco difundido foro, una serie de diálogos sobre los derechos de usuarios tanto de la red como de telefonía móvil haciendo hincapié en la privacidad. Uno de los más intensos promotores es la Red por la Defensa de los Derechos Digitales (R3D) que documenta la interceptación arbitraria de comunicaciones privadas y el uso de malwares de vigilancia, en especial para callar a periodistas y opositores políticos. Según cifras presentadas por ellos, el 99 por ciento de las comunicaciones privadas son intervenidas por autoridades y recolectan de forma ilegal metadatos de usuarios y su geolocalización.
Por otro lado, el uso de estas herramientas no se refleja en acciones concretas para hacer justicia, pues dentro de las averiguaciones previas, el 90 por ciento en que se ha utilizado una medida de vigilancia no se ejerce acción penal alguna.
Así mismo, su informe reveló la existencia de un mercado negro donde se ofertan servicios para intervención activa de comunicaciones privadas; lo que significa que, entre otras cosas, cualquier individuo que labore en un centro de atención a clientes de telefonía celular tenga acceso a información confidencial como llamadas entrantes y salientes, detalles de mensajes de texto y datos personales de titulares. Además, también se ofrece servicio de geolocalización de dispositivos celulares.
El tema de gobernanza de internet y sus servicios adjuntos, menciona la columna, requieren un diálogo facilitado por los gobiernos que además de cumplir con sus obligaciones proteja los derechos humanos de los usuarios.
Miriam Canales
