No es un secreto para nadie, con el dictamen de aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, conocida como “Ley Televisa II” los más beneficiados serán los concesionarios.
Como hemos remarcado en este espacio, con este dictamen aprobado se elimina la obligación de éstos (los concesionarios mencionados) de distinguir publicidad de información, además de restarle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto a la regulación de estos contenidos, lo que fue puesto en tela de juicio por especialistas y organizaciones de la sociedad civil, quienes reclamaron este golpe regresivo.
Más de 16 organizaciones civiles dedicadas a la protección del derecho a la información realizaron entre el 25 y 27 de abril un último intento para frenar la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de reformas a 10 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que benefician ampliamente a los concesionarios y mutila atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Con esto, de acuerdo a especialistas, se viola el derecho y la libertad de expresión tanto de los radioescuchas como de algunos grupos radiofónicos y quienes proveen contenidos, ya que incluso estas preocupaciones fueron externadas a Marko Cortés, coordinador de los 109 diputados federales de la bancada del PAN. Lo más alarmante del asunto es que dicha ley fue aprobada sin siquiera proponer un debate en la Comisión de Radio y Televisión, violando el artículo 6 de la Constitución, el cual prohíbe de forma terminante “La transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
No obstante, la ley ha seguido adelante.
