Durante los últimos meses, hemos escuchado más noticias del otorgamiento de concesiones a grupos nativos y a asociaciones civiles para establecer emisoras de radio de índole indígena o comunitaria, sin embargo, aunque ha habido pequeños avances, la realidad es que las personas interesadas en crear emisoras de estos cortes aún se encuentran con muchísimas trabas en el proceso para obtener una concesión, las cuales van desde discriminación, hasta requisitos muy complejos.
Las frecuencias de índole indígena o comunitaria son muy importantes, porque según establece la ley están diseñas principalmente como una forma de prevalencia de las culturas en México, pero también como una manera para que personas que no hablan español, tengan acceso a informarse de lo que pasa en el país y en todo el mundo.
Se menciona que el trabajo es arduo, porque oficialmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en México, sólo reconoce a 23 concesionarios de radio indígena, 100 de uso comunitario y 300 de uso social, lo cual resulta muy poco considerando que el país tiene una extensión territorial de 1,973 millones de kilómetros cuadrados, y 10 millones de personas que se consideran de un grupo indígena.
Aleida Calleja, Directora del IMER y activista en pro de los derechos de comunicación de las comunidades en México, menciona: “Esas asimetrías finalmente se traducen en una desigualdad en el acceso de oportunidades para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la información. Si bien avanzamos en algunas partes, y creo que bastante bien, en otras definitivamente se volvieron a reproducir las medidas arbitrarias y discriminatorias”.
“Se siguió cuidando el mercado de la industria comercial para que este tipo de medios (los MIC), no compitieran en el mercado comercial. Algo pasa en la práctica administrativa que no se facilitan las condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan acceder a las frecuencias tan fácilmente”, dijo Calleja.
Es importante mencionar que actualmente hay un proyecto de 70 personas activistas y representantes de las comunidades, que se reúnen periódicamente para realizar un diseño de políticas públicas, esto con el fin de detectar los puntos de traba donde las asociaciones no pueden seguir con sus trámites para tener una frecuencia de radio.
Este grupo de personas adelantó a El Economista, que el próximo mes de agosto entregarán en Presidencia un documento en el cual se detallarán sus propuestas en las que han trabajado durante un largo tiempo, esperando que AMLO pueda dar una respuesta antes las necesidades de comunicación de los grupos.
Esta nota fue realizada con base en información publicada por Ricardo Quiroga a través de El Economista.
