Alburquerque cierra las puertas a ICE
Albuquerque, ha aprobado el lunes una norma para dificultar las labores de ICE, prohibiendo la entrada de estos agentes sin orden judicial a sus instalaciones municipales, incluyendo los centros de transporte de prisioneros.
Para “reforzar su status como ciudad amigable para los inmigrantes”, establece la norma, así como facilitar que las personas que hayan sufrido un crimen lo reporten a la policía, las autoridades se comprometen a no preguntar ninguna información que pueda causar problemas.
Tribunal Supremo anula parte de ley que permite deportación de inmigrantes con ciertos delitos
El martes, el Tribunal Supremo puso los frenos a los esfuerzos de la Administración Trump de deportar a inmigrantes condenados por delitos violentos, al anular parte de una ley federal que facilita la expulsión de esos extranjeros.
En el dictamen, los jueces indicaron que, para efectos de la Constitución, la ley migratoria federal contiene una definición sobre “crimen de violencia” demasiado difusa y, por lo tanto, difícil de aplicar.
Gracias al dictamen del martes, antes de deportar a alguien, incluyendo residentes legales condenados por delitos graves, el gobierno de Estados Unidos tendrá que demostrar que el delito cometido fue, de hecho, “violento”.
Sin embargo, los inmigrantes indocumentados, aunque tienen derecho al debido proceso, pueden ser deportados con o sin historial criminal.
Cuarto litigio contra el ‘Censo’ por añadir pregunta de ciudadanía
La decisión del gobierno de Donald Trump y su Secretario de Comercio de preguntar la ciudadanía de las personas en el Censo del año 2020, ha generado una avalancha de demandas legales, incluyendo una presentada el martes por la ciudad de San José y una organización de derechos civiles.
Este es el cuarto litigio emprendido contra la decisión, que unida a un ambiente anti inmigrante y anti minorías, amenaza con provocar un alto abstencionismo en las respuestas al conteo de población que se realiza cada diez años.
El alcalde de San José, Sam Liccardo, dijo que su ciudad inició este litigio porque tienen mucho que perder si el Censo no se realiza con exactitud y no hay un cálculo preciso de todas las personas que viven en su ciudad.
Indicó que su municipalidad y el condado de Santa Clara han invertido dinero y esfuerzo, usando la tecnología disponible para identificar sectores de la población a los que el Censo no llega con facilidad.
ICE detiene a 225 inmigrantes en redada en Nueva York
Ciudadanos de 52 países fueron detenidos por agentes de ICE en un operativo de seis días por varios condados de Nueva York, incluidos los cinco ‘burós’ de la Gran Manzana, que terminó con la captura de 225 inmigrantes.
Esa dependencia del Departamento de Seguridad Nacional informó que la movilización que terminó el 14 de abril se arrestó a 180 personas que tienen algún récord criminal, de los cuales a más de 80 se les había emitido una orden final de deportación.
La dependencia informó que los arrestados que no están siendo procesados federalmente, serán procesados administrativamente para ser expulsados del país.
ICE agregó que más de 60 individuos arrestados durante su operación fueron liberados previamente por autoridades locales en una detención activa, un problema del que se ha quejado por falta de cooperación de condados para retener a los inmigrantes.
La autoridad destaca 13 casos de supuestos criminales capturados, incluidos 6 hispanos.
Estados Unidos intenta de nuevo revocar protección de DACA a ‘dreamer’
Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional el año pasado cuando fue puesto en un proceso de deportación pese a que estaba inscrito en el programa DACA. Fue una de las primeras personas inscritas en el programa que fueron arrestadas luego de que Donald Trump asumió la presidencia, aunque no había cometido ningún crimen.
USCIS restableció su estatus otorgado por el DACA y su permiso de trabajo en respuesta a un fallo emitido en febrero, en una demanda colectiva federal en California. Sin embargo, hace unas semanas, la agencia notificó a Ramírez que pretendía revocar nuevamente su estatus. Alega la misma razón que utilizó para detenerlo anteriormente: que había admitido tener vínculos con pandillas. El ‘dreamer’ ha negado en repetidas ocasiones haber hecho dicha afirmación.
Ramírez pasó seis semanas detenido hasta que un juez falló que fuera liberado bajo fianza. En enero, otro juez de inmigración, Brett Parchert, ordenó que fuera deportado por su estatus ilegal, pese a la evidencia de que “no estaba en una pandilla, ni vinculado con alguna”.
Ramírez ha impugnado el fallo de Parchert en una corte de inmigración, y su detención ante un tribunal de distrito en Seattle. El juez de distrito, Ricardo S. Martinez programó el alegato oral para el 1 de mayo. El estatus del DACA por 2 años de Ramírez expira el 4 de mayo.
