Showprep – Noticias 23 de Julio

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NUEVA MEDIDA APROBADA POR ITALIA PARA PREVENIR CONTAGIOS DE COVID-19

En momentos en los que los casos de COVID-19 vuelven a aumentar significativamente, Italia anunció el jueves que pronto requerirá que la población cuente con unos pases que demuestren su estado de salud para poder ingresar a gimnasios, museos, cines, al interior de restaurantes y a otros establecimientos. El gobierno aprobó un decreto que ordena el uso de los llamados pases «verdes» a partir del 6 de agosto. Para obtener un pase, los individuos deberán demostrar que han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 en los últimos nueve meses, que se han recuperado de la enfermedad en los últimos seis meses o que han arrojado negativo en pruebas diagnósticas en las últimas 48 horas. Los pases serán necesarios para comer en el interior de restaurantes o cafeterías, para asistir a eventos deportivos, a ferias y conferencias, así como para ingresar a casinos, salas de bingo y piscinas, entre otras actividades, de acuerdo con las autoridades italianas.

El certificado es necesario para «mantener abierta la actividad económica» y permitirá que la gente disfrute de las actividades recreativas «con la seguridad de que no estarán junto a personas contagiosas», señaló Draghi. «La economía italiana va bien. Se está reactivando, e Italia está creciendo a un ritmo superior al de otras naciones de la UE», comentó el primer ministro a los reporteros. Alrededor de 40 millones de personas han descargado el «pase verde» en Italia, dijo el ministro de Salud Roberto Speranza. Destacó que ya se pide el certificado para asistir a bodas y para visitar a los residentes de centros de atención. Más de la mitad de las personas en Italia mayores de 12 años, y por lo tanto elegibles para la vacuna contra COVID-19, han recibido las dos dosis, y varios millones más han recibido una.

INE MULTA A SAMUEL GARCÍA Y MC POR APORTACIONES INDEBIDAS DE MARIANA RODRÍGUEZ

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 55.4 millones de pesos al Partido Movimiento Ciudadano (MC) y con 448 mil 946 pesos al gobernador electo, Samuel García, por las aportaciones en especie realizadas vía redes sociales por su esposa la también influencer, Mariana Rodríguez. El proyecto fue aprobado por ocho votos a favor y tres en contra, donde se establece que Mariana Rodríguez Cantú ocultó la verdad a esta autoridad fiscalizadora en relación con sus servicios de publicidad y marketing digital a través de diversas publicaciones en sus redes sociales, en beneficio de la campaña del candidato a Gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La consejera Adriana Favela expuso que Mariana Rodríguez es considera una top influencer con más de 1.8 millones de seguidores en sus redes y que durante los 90 días de la campaña en Nuevo León llamó al voto en favor de su esposo, abanderó sus propuestas de gobierno y «se puede decir que hizo suya la campaña al llamar a votar por nosotros, cuando no tenía la calidad de candidata». Argumentó que las aportaciones de la influencer se cuantifican en 27.8 millones de pesos, además de 60 mil pesos por la aparición en un video denominada «Arráncate Nuevo León Rock». «Su nombre, Mariana Rodríguez, está registrado como marca, por lo que no puede hacer aportaciones en la campaña de Movimiento Ciudadano», señaló. Juan Miguel Castro Rendón, representante de MC, argumentó que el proyecto está basado en «discriminación y absurdos», al prohibir que una esposa apoye a su esposo con el argumento de que como «es muy querida y apoyada en Nuevo León”. Por su parte, el consejero Jaime Rivera aseguró que no se trata de un caso «típico», pues consideró que Mariana Rodríguez ofrece servicios publicitarios en redes sociales, por lo que se trata de una actividad empresarial, lo cual, afirma, fue propaganda electoral al hacer llamados a favor del partido político y de su esposo. «No se están limitando sus derechos de libertad de expresión como ciudadana o como cónyuge del candidato», sostuvo. Mientras que el consejero Ciro Murayama explicó que sólo los ciudadanos pueden aportar financiamientos a partidos políticos; sin embargo, las personas físicas con actividad empresarial no pueden hacerlo. «La ciudadana dedicó su capacidad empresarial a una campaña política. El negocio se supo al servicio de la campaña», dijo.

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